La coalición de izquierdas considera que estos presupuestos no son lo que necesita Valdepeñas. Unos presupuestos de más de 36 M€ que deberían ajustarse mas a las necesidades de la población Valdepeñera y que perjudicarán a las familias y a la clase media y trabajadora beneficiando a unos pocos.
El equipo socialista ha aceptado las propuestas de la ultraderecha que eliminan los impuestos a los especuladores inmobiliarios y reducen el impuesto de obras, mientras que por otro lado se aumentan de forma desproporcionada los precios que afectan al grueso de las familias valdepeñeras: la escuela municipal infantil de Cachiporro, la de música, las de verano, las escuelas deportivas o las de la universidad popular.
Unidas por Valdepeñas no apoyará estos presupuestos debido al fracaso en las negociaciones presupuestarias que se produjeron en las primeras semanas de marzo, en la que el equipo de gobierno decidió seguir optando por las políticas de derechas que demandaba el grupo ultra, cruzando así varías líneas rojas que el grupo municipal de izquierdas había planteado junto con una serie de propuestas de fácil cumplimiento y que pasaban por la congelación de precios públicos de la escuela municipal infantil, de música y el centro de mayores, lo contrario a lo demandado por el grupo Vox.
La coalición de izquierdas defiende que cuando la mayor parte de la población está sufriendo las consecuencias de la inflación que no es correspondida por un incremento similar de los salarios, se la debe ayudar desde su ayuntamiento, con política social y útil, mediante la disminución de precios públicos y tasas, y no incrementándolos a unos niveles que las harán inaceptables para muchas familias.
En el pleno de mayo también irá la moción presentada la legislatura pasada sobre la emergencia climática que, independientemente de su importancia, ha estado secuestrada durante más de año y medio por el equipo que gobierna nuestro Ayuntamiento, y para que se produzca su discusión en el pleno se ha tenido que acudir a los tribunales contencioso-administrativos, donde se condena a Jesús Martín como presidente del pleno local, por la vulneración de derechos fundamentales y se le obliga, tanto al pago de las costas de este proceso, como a incluir en el orden del día la moción.
